Decíamos en entradas anteriores respecto de lo sucedido en el Senado, en particular en la sesión celebrada en el marco de la Comisión de Acuerdos en relación con el nombramiento de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central.
Movida, que como pocas, exasperó los ánimos desde ya demasiado caldeados que se venían tributando oficialismo y oposición.
En sintonía con lo que viene respirándose desde diciembre de 2007, la sensación que se percibe propone una lucha a matar o morir, entre contendientes que se deparan un desprecio que de tan tajante, conspira contra toda la posibilidad de construir de un esquema que en algo refleje al sistema de consensos propios de un sistema más o menos respirable.
Independientemente de la mirada favorable que propongo hacia el proyecto presidencial, advierto que se ha emprendido un camino de difícil retorno y ciertas actitudes de la misma Presidenta, lejos de calmar las agitadas aguas políticas, incitan un encono de final incierto.
El problema radica, según se mire, en el mutuo desprecio que se deparan unos y otros, en una desconfianza que parece definitiva, urgiendo la intervención de nuevos actores, que de uno y otro espacio acudan en la resolución de este clima imposible.
A lo dicho, la vehemencia con la cual la Presidenta propone seguir adelante con una política que juzga insoslayable y por ende innegociable, se yergue la de una oposición férreamente unida ante la alternativa del éxito de la propuesta gubernamental y la consecuente ratificación electoral en el cercano 2011, particularidad que viene a desmentir aquella derrota implacable cacareada en oportunidad de las legislativas de junio de 2009.
De considerarse que el kirchnerismo se encuentre atravesando un trance de salida irremontable, la oposición –o cuanto menos aquellos sectores con posibilidades de sucederlo- asumirían una postura de una responsabilidad institucional, o cuanto menos de un decoro elemental, ausente en las movidas y amenazas perpetradas desde el Congreso.
Si se me permite la obviedad, sabido es que el partido gobernante, gobierna y la oposición se opone, sólo que en cualquier esquema que traduzca un mínimo de salud institucional, esa oposición nunca puede arrogarse –menos aún intentar ejercer- las tareas que son propias del gobierno desde una acción pertinazmente obstructiva.
La amenaza de los sectores de la oposición nucleados en un pseudo bloque en la Cámara de Diputados el año pasado y en el Senado durante la semana que termina, al rechazar la propuesta aludida respecto de la presidencia del Banco Central, además de otras dirigidas a un entorpecimiento de la acción de gobierno huérfana de toda alternativa superadora de esa mezquindad, si bien propone una respuesta de parte de dirigentes que se han sentido humillados por el kirchnerismo durante los últimos seis años, constituye a su vez un riesgo institucional de proporciones; sin tener en consideración la faena abiertamente conspirativa emprendida por ciertos caciques de esa entente.
Dijo al respecto el socialista Rubén Giustiniani, Senador por Santa Fe: “No es creíble que el kirchnerismo se victimice, porque han gobernado con decretos de necesidad y urgencia, con superpoderes y con leyes de emergencia todos estos años. No hay que dramatizar”.
Puede ser considerada la opinión de quien aún desde el despecho y el sentimiento de revancha justifica su postura actual, sin embargo flaco favor le hace a la institucionalidad a cuyo rescate propone acudir, siendo que se han perpetrado movidas del estilo de las llevadas adelante al momento de integrar las comisiones del Senado, con clara violación a la letra y el espíritu del reglamento que debían observar.
La normativa que rige la integración de las Comisiones del Senado, la que extractamos de la página web institucional (http://www.senado.gov.ar/web/comisiones/comisiones.php):
“Integración de las Comisiones: Para la integración de los miembros de las comisiones, y con respecto a la representación política, debe respetarse la proporción existente en la Cámara, de manera que no se produzcan desequilibrios.
“Una vez designados los integrantes de las comisiones, por el Senado o por su presidente, en caso de habérsele delegado dicha facultad, deberán elegir un presidente, un vicepresidente y un secretario de entre sus miembros.
“La integración de las comisiones permanentes durará desde su constitución hasta la primera renovación del cuerpo: la de las comisiones especiales hasta que el asunto sometido a su consideración tenga resolución definitiva de la Cámara y si tuviera plazo para producir dictamen, el cumplimiento de dicho plazo supone la caducidad de la misma.”
De lo decidido el pasado miércoles se determinó –mediante un apuro propio de una movida inconfesable- que de los quince miembros de cada Comisión al “oficialismo” le corresponden seis y a la “oposición”, nueve; integración que reflejaría la composición de la Cámara, si y solo si se tuviera a todo el espectro opositor como un solo bloque parlamentario. Por caso, el citado Giustiniani vendría a integrar el mismo espacio político que el tenaz adversario del gobierno de su Provincia, Carlos Reutemann y el resucitado Carlos Menem, hipótesis que de sólo mentarla expresa su insensatez política.
Cierto es que movidas como esta son rémora de la crisis política que alcanzara ebullición en diciembre de 2001, que lejos estamos de haber superado. La mera consulta en ese sitio de la extracción partidaria de los Senadores que integran el Cuerpo, es un galimatías de difícil comprensión política, con la consecuente labilidad de pertenencias y lealtades en ejercicio de los mandatos.
En suma, todo aparece desalentador y confuso en esos tiempos de lucha política agonal, escenario tan poco propicio para el ejercicio de un sistema consensual como propio de la marcha de un amenazante corso a contramano.
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