En pleno debate en la Cámara de Diputados por el proyecto de ley sobre el petróleo, que comentábamos ayer, querido diario, a través del editorial "El capital extranjero y el petróleo nacional", del 27 de julio de 1927, el diario "La Prensa" dejó sentada su posición al respecto.
"Nosotros admitimos, por nuestra parte, lo provechosa que es la cooperación del capital privado, nacional o extranjero, para la explotación de todas nuestras fuentes naturales de riqueza sin excluir la de los combustibles. Y aun para el fomento de nuestra economía y por la confianza en las garantías que brindan nuestras instituciones. Pero aunque estamos a la vanguardia de los que propician los principios más liberales de la economía política, no llegamos al extremo de incurrir en un liberalismo exagerado que pueda comprometer el más preciado de nuestros patrimonios, que es nuestra absoluta soberanía. Dicho esto, recordaremos una vez más que los intereses de las compañías petrolíferas de otras repúblicas americanas fueron causa de perturbaciones anárquicas, las cuales llevaron a un tiempo, imposiciones extranjeras. Recordaremos también que un poderoso país sostiene, por el órgano de sus gobernantes actuales y por el no menos autorizado de una parte de su prensa nacional, que la defensa de los intereses de sus ciudadanos le da derecho a intervenir en cualquier nación donde ellos estén amenazados, como si esos intereses privados no estuviesen sometidos a la jurisdicción territorial de los tribunales del lugar donde están radicados. Recordaremos también que los asuntos internos de esas repúblicas así perturbadas en su vida íntima, fueron tratados y discutidos en la cancillería de aquel poderoso país con los directores de algunas de las empresas petrolíferas en cuyo nombre se ha suscripto el petitorio que comentamos. Los organismos mercantiles que pretenden dominar la producción mundial del petróleo, resultaron así como un Estado dentro de otros estados soberano".
Luego de urgir a los legisladores la pronta sanción del proyecto en cuestión, en la medida que sería muy peligroso: "esperar a que nuestra producción llene las necesidades internas y nos habilite a exportar los saldos", dado que para entonces: "las concesiones mineras más importantes estarían bajo el control de las empresas privadas y su expropiación o su rescate costaría esfuerzos enormes al Tesoro Nacional, su acoso no nos ocasionase los trastornos que deseamos prevenir y evitar", en especial "ante las perturbaciones como las que ya han sufrido otras repúblicas americanas por las mismas causas, la opción no puede ser dudosa".
¿Un editorial del diario "La Prensa", coincidente con la bancada yrigoyenista de la Cámara de Diputados?
Parece que así fue, querido diario.
Cuestión puntualmente tratada por Tulio Halperín Donghi, en uno de sus más lúcidos trabajos [Vida y muerte de la República Verdadera (1910-1930), Ariel, Buenos Aires, 2000] que incluye un apéndice de documentos (entre los que se cuenta el editorial que acabo de reseñar parcialmente), precedidos de un estudio preliminar en el cual don Tulio escribe sobre esa particular coyuntura.
Lo que entonces estaba en discusión era, por un lado, la potestad de las provincias para el otorgamiento de concesiones a las empresas petroleras en sus territorios, que venían dejando expuesto al país: "a la penetración de esas empresas gigantes (designadas y a la vez estigmatizadas bajo el nombre de trusts), que eran la Anglo-Dutch y la decididamente más siniestra Standard Oil norteamericana, a la que se creía responsable de practicar en los países que incautamente le abrían las puertas una corrupción sistemática de políticos y gobiernos, para mejor ponerlos al servicio de sus intereses, y resuelta por añadidura a acudir a expedientes más sangrientamente criminales cuando la mera corrupción se revelaba ineficaz (así, para no pocos era un artículo de fe que el asesinato del presidente mexicano Venustiano Carranza se había debido a una iniciativa personal de John D. Rockefeller)" [cit. pp. 253/4].
Elocuente, lo del maestro Tulio. Tal el panorama, tales los riesgos, bien conocidos por Yrigoyen y enmarcados en una política de estado desplegada por el país en el cual se encontraba afincada la casa matriz de esa empresa, tal como hemos repasado y seguiremos haciéndolo: los Estados Unidos de América.
Triunfantes en la guerra recientemente finalizada, triunfo que arrostraban a propios (americanos) y a extraños (europeos, en especial británicos y alemanes), mediante un despliegue de todo su potencial industrial, sostenido sobre el poderosísimo aparato bélico, de lo que podían dar cuenta líderes emancipadores de la talla de Augusto Sandino, en su asolada y ocupada Nicaragua, querido diario, entre tantos.
Ese escenario de consenso a don Tulio Halperín le sorprende, en ese tiempo de alternativas excluyentes (conformado por el funcionario designado por Alvear al frente de Y.P.F., Enrique Mosconi, de diputados de un yrigoyenismo recalcitrante, como Giuffra y nuestro conocido Diego Luis Molinari; la línea editorial del diario pro-británico "La Prensa" y el Partido Comunista, cuya dirigencia estaba consagrada a la campaña en defensa de Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti).
Ma non troppo, maestro Tulio. En mi modesta mirada, no existía tal consenso, a lo sumo un escenario en el que coincidían tácticas de sectores muy diversos cuya incompatibilidad quedaba evidenciada en otros terrenos, como habría de verificarse con elocuente claridad a partir del 12 de octubre de 1928.
Ocupémonos, entonces de Enrique Mosconi y su paso al frente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales en...
Esto no termina más, nene. De la seca, a la Meca. Semanas sin una línea y desde el domingo pasado que no dejás de escochar con Tatita, como le decís al Peludo. Finíshela, no te da bola nadie, te destrozás la columna (que en este momento te pasa la factura de tantas horas transcribiendo al cuete). A nadie le interesa tu opinión sobre un tema abordado por gente que sabía como hacerlo. Volvé a presi-salvavidas y Gengis Kahn, que para eso te da el piné.
Gracias, querido diario. Siempre tan conceptuoso con mis intentos (que no son vanos) de divulgador. Soy un divulgador, que divulgo. Tejo, interrelaciono textos para quienes me leen ahora (gente muy valiosa para mí) y para quienes lo harán en el futuro. Y si no lo hacen, para mí queda lo escrito. Ya te lo había comentado...
Pero si nunca vas a ser un ensayista, no es lo tuyo. No te dan las tabas. Yrigoyen y el yrigoyenismo no es para cualquiera, bebé. Volvé a la cotidianeidad, al fresco mal escrito, pero ocurrente, no te expongas más...
Gracias, una vez más, por los consejos que no te pido. Tenés razón, no soy ensayista. Ni lo quiero ser. Le huyo a la Academia como al Dengue y al Covid-19. Mucho daño hizo (y sigue haciendo) la Academia. Sin mengua al respeto que siento por el Racing Club de Avellaneda.
Dejame, seguir, hacé el favor.
Aquel militar ejemplar de apellido Mosconi, en ocasión de una visita oficial a Colombia en marzo de 1928 pronunció un discurso de despedida que resumía su ideario y su acción, consignado en el trabajo de Tulio Halperín Donghi que venimos repasando: "Nos congrega, señores, el moderno dios de la paz y de la guerra: el petróleo. Ningún problema se presenta en estos momentos en forma más grave, compleja y se solución más urgente a la consideración de los gobernantes, que la defensa y administración de esta riqueza, de características especialísimas. Grave cuestión constituyen los trusts de petróleo. En cierta oportunidad, mientras se debatía en el Congreso argentino el proyecto de Ley de Petróleo, se me preguntó cuál de los dos trusts, el anglo-holnadés, Royal Dutch, o el norteamericano, Standard Oil, era preferible por su capacidad técnica, método de trabajo y modalidades. Al fin de cuentas, los dos grupos son equivalentes y compararía con una cuerda de cáñamo al grupo norteamericano, y con un de seda al europeo; de modo que en respuesta a la pregunta que se me hiciera manifesté que si las dos cuerdas, ruda la una y sueva la otra, han de servir para ahorcarnos, me parecía más inteligente renunciar a ambas, y concentrando nuestra voluntad y nuestra capacidad en este problema especial, de características únicas, resolverlo por nuestras propias fuerzas, haciendo con ello un gran bien que las generaciones futuras agradecerán".
Clarito, mi General. Y sería más claro aún.
"Nuestros pueblos inician el tercer período de su evolución: a la emancipación sucede la constitución política y a ésta debe suceder la organización económica. A los fundadores de la nacionalidad suceden los organizadores constitucionales y a éstos las generaciones, la nuestra entre ellas, que resolverán el bienestar de los habitantes del país por medio de la más adecuada y conveniente organización económica, es decir, por la mejor explotación de nuestras riquezas naturales, el mejor aprovechamiento de sus potencialidad y por el desarrollo económico y especulativo de sus fuentes productivas. Esta es la tarea que no hemos cumplido y que nos espera, en cuya base se encuentra el petróleo; y los pueblos que con mayor inteligencia y precisión resuelvan su aprovechamiento, tanto mejor y más elevado será el standard de vida que alcancen. Señores: que la providencia ilumine la mente de los gobernantes colombianos y argentinos para abordar y dar término al magno problema con toda la decisión y la energía requeridas, sin preocuparse por las voces de amago o presiones tendientes a inmovilizar o torcer nuestros propósitos, que deben ser inflexibles como nuestra soberanía, para que, así como la emancipación política del continente se selló con las dos corrientes emancipadoras de Bolívar y San Martín, realicemos nuestra independencia económica por la conjunción de nuestros ideales y de nuestros estandartes, y hagamos posible a Latinoamérica el cumplimiento de la misión que tiene asignada en la historia de la humanidad. Sólo entonces habremos dado término integral al mandato de nuestros libertadores, asegurando la felicidad y bienestar de nuestros pueblos".
Cumplido el mandato de resguardo a los intereses nacionales en los términos expresados con tanta elocuencia por Enrique Mosconi por la Cámara de Diputados, el proyecto ley, fue girado a conocimiento del Senado argentino, que para septiembre de 1929 no había siquiera tratado el proyecto, lo cual mereció una sonada intervención del senador Délfor del Valle solicitando, precisamente, que se le diera tratamiento.
A ello, el senador del Partido Autonomista de Corrientes, Juan Ramón Vidal opuso que: "el tiempo transcurrido hasta ahora no ha sido tiempo perdido, sino un tiempo de prueba más del fracaso de la explotación fiscal [estatal]. Entre nosotros todas las administraciones del Estado, aún las más sencillas, son si no malas, pésimas. Si el año pasado hubiéramos cedido a las presiones del comité que se hacían, en nombre del patriotismo y hubiéramos sancionado el proyecto con la nacionalización de las minas y el monopolio [estatal], se hubiera incurrido en el más grande error, se hubiera causado perjuicios irreparables de orden institucional, de orden económico, matando el porvenir de algunas provincias despojándolas de su principal riqueza, de lo único que tal vez con lo que podrán conquistar su independencia económica y por otra parte hubiéramos perjudicado el desenvolvimiento y prosperidad de todas las industrias del país, que dependen, en primer término, del combustible".
En alusión al pedido de Del Valle, destaca la urgencia manifestada por el presidente Yrigoyen para el tratamiento de la cuestión que, por ser extremadamente delicada para los intereses de la Patria: "debían ser verdaderamente sagradas y estar colocadas por arriba de todos los partidos", siendo por el contrario la prédica del oficialismo propiciatoria de la abrogación de "la libertad de pensar y de discutir, porque ya se lanza la sospecha y el monopolio significa: 'soberanía, unidad nacional, prosperidad y paz'. Las ideas opuestas, naturalmente, significaban todo lo contrario. Y para mayor gravedad se agregaba que en los Estados Unidos se sabía ya que el Senado argentino iba a matar la ley."
El alto vuelo del senador correntino al malversar e invertir los términos de la discusión necesitaba del concurso de algún incauto de insospechada vinculación con los intereses que Vidal representaba a cabalidad y poder conseguir la parálisis del proyecto en discusión. Nadie más apropiado para cumplir esa función que el Senador socialista por la Capital Federal, Mario Bravo.
Escuchemos, querido diario, al prócer del Socialismo argentino, al pisar el palito que le tiró Vidal: "Pienso que podríamos aceptar la indicación que formula el señor senador por Corrientes que consiste en constituir una Comisión en que estén representadas todas las distintas fases de estudio de este asunto, a objeto de que todo lo relativo al petróleo sea destinado, a una Comisión central -y que es esta Comisión central sea autorizada a trabajar durante el receso y que los señores senadores de la Unión Cívica Radical sepan poner al servicio de esta Comisión, no solamente su colaboración personal, sino también su influencia ante las oficinas del Poder Ejecutivo y el mismo Poder Ejecutivo, a fin de que esa Comisión pueda tener abiertas las puertas de los Yacimientos Petrolíferos y del Ministerio de Agricultura-, como también obtenga la colaboración del ministro de Agricultura. En un palabra: toda la colaboración del Poder Ejecutivo, que será indispensable para poder traer a la consideración del Congreso un despacho estudiado y documentado y digno del problema que va a encarar esa Comisión".
Así hablaba uno de los próceres del Socialismo argentino, querido diario, Sí, propuso la creación de una "Comisión Central". Moción que fue aprobada, querido diario.
Tres meses después, el 12 de diciembre, el senador Diego Luis Molinari, volvió sobre el tema del retraso en el tratamiento del tema al subrayar que mientras se demoraba la aprobación del proyecto: "las compañías de petróleo particulares avanzan más febrilmente que nunca sobre los yacimientos petrolíferos del país. De manera que la suspicacia pública que siempre es apresurada, nota que mientras el Congreso no vota la ley del petróleo, las compañías petrolíferas van abriendo pozos y más pozos, y explotando lo que nosotros consideramos que no deben explotar. La tardanza, entonces, representa sobre la riqueza del país, pues ya sea que se mantenga el régimen existente o ya sea que se sancione la expropiación, lo cierto es que en el primer caso las compañías gozarían de mayor cantidad de minas de petróleo; y en el segundo, habría que pagar en concepto de indemnización por la expropiación una cantidad muchísimo mayor. Es evidente que las compañías de petróleo no se duermen. Ha bastado que se presente un proyecto de ley de esta naturaleza para que, a tambor batiente, se apresuraran a abrir nuevos pozos. Si la Comisión tarda mucho en producir su despacho, las sumas que tendría que abonar el Estado por las expropiaciones se verían aumentadas en una proporción directa al retardo".
Corresponde ponderar, como lo precisa Guillermo Gasió en su trabajo que en tres oportunidades, el Poder Ejecutivo requirió, sin éxito el tratamiento del proyecto al Senado.
El 22 de octubre de 1929 cuando Yrigoyen destacó que: "apenas necesito recordar a V.H, que los proyectos sancionados por la Cámara de Diputados y enviados a ese Cuerpo, no sólo tienden a reparar las consecuencias económicamente nocivas del régimen, verdaderamente anárquico, que impera en el país en materia de petróleo, sino que aspiran en primer término, con previsión patriótica, a impedir que esa riqueza se pierda imprudentemente, por negligencia indisculpable y que, lejos de constituir un beneficio público se convierta en una causa de intranquilidad para la marcha regular de nuestra vida interna [concluyendo que para ello era necesario] poner en manos del Estado el dominio efectivo de los Yacimientos Petrolíferos, confiriéndoles el monopolio de la explotación y comercialización"; el 7 de diciembre siguiente: "Hace dos años que la sanción de la Cámara de Diputados se encuentra a consideración de V.H. y no puede admitirse la hipótesis de que el Senado no haya adquirido todavía los elementos de juicio necesarios para pronunciarse sobre un tema de semejante importancia para la Nación" y el 17 de enero de 1930, al destacar que la aprobación del proyecto en tan dilatado trámite: "está llamado a producir incalculables beneficios de todo orden, como tampoco puede ignorar que el retardo definitivo de su sanción motiva pérdidas enormes, traducidas en considerables sumas substraídas consecutivamente a la prosperidad nacional" [Gasió, cit., p´. 133].
Desoyendo esas justas imprecaciones, el prócer del Socialismo argentino, Mario Bravo, en compañía del senador conservador por Salta, Carlos Serrey, dirigían la Comisión Central concebida por el genio destellante de Bravo, recabando informes, realizando encuestas e, inclusive, realizando una recorrida por los yacimientos de la Standard Oil e Y.P.F. en Salta, en abril de 1930.
A su regreso a la Capital Federal de la magna y trascendente misión, los senadores opositores manifestaron a preguntas de un periodista del diario "La Nación", el salteño que: "si no surgen inconvenientes insalvables, es probable que la alta Cámara apruebe en el curso del año actual la anhelada ley del petróleo completa con lo que se satisfaría una sentida y reclamada necesidad". Pese a su profesión de fe en pro de la sanción de la ley, el senador conservador sostuvo la necesidad de reafirmar la propiedad provincial sobre los yacimientos lo cual, en los hechos, expresaba su idea contraria al proyecto.
Vaya si sucedería un insalvable inconveniente en 1930 y Serrey, seguramente, lo sabría.
El otro padre de la Patria, el senador Bravo confió entonces: "la nacionalización de los yacimientos, como principio jurídico para el régimen de la propiedad minera, es a mi juicio inobjetable y de sanción urgente. La fiscalización central de estas riquezas debe estar en manos de la Nación como única propietaria. Pero creo que por razones de índole circunstancial y motivos de solidaridad nacional debe reconocerse a las provincias que serán privadas de un derecho que hoy tienen por la ley del Congreso, una situación especial, ya sea en la exploración o explotación o en los beneficios de ésta".
Así que era urgente la sanción, senador Bravo. Por eso propuso la creación de una Comisión que le costeó los gastos de su tour a Salta y a Jujuy, cuando tuvo a su consideración el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados, en 1927.
Dan ganas de balearse en un rincón.
Será por eso, querido diario, que entre un conservador y un socialista, me quedo con el conservador.
Son enemigos menos embozados. Nunca hicieron de la idiotez útil, una profesión.
La seguimos mañana, mal que te pese a vos y a mi espalda.
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