Clodomiro Hileret, industrial nacido en Francia en 1852, llegó a la Argentina a sus veinte años de edad contratado como constructor de las estaciones de trenes del Ferrocarril Central Córdoba, entonces en plena expansión, trazado que alcanzaría la provincia de Tucumán en 1876.
Al año siguiente, Hileret decidió radicarse en la ciudad de Lules de esa provincia y convertirse en su propio jefe, en sociedad con Juan Dermit. Instalaron una curtiembre, aunque en 1879 decidieron acompañar el pujante negocio de la producción de azúcar, erigiendo el "Ingenio Lules".
Vicente O. Cutolo en su difundido Diccionario Biográfico Argentino, anota que para el desarrollo del proyecto tuvo que: "desmontar el bosque que cubría esos parajes y, con maquinaria y estructura totalmente nueva, instalaron el complejo industrial más moderno de Tucumán".
Admirable lo del francés a quien no le había fallado la intuición al cambiar los durmientes por la caña de azúcar. Cuánta aptitud, debe decirse, tenía para el manejo de la maquinaria moderna, el desmonte de bosques, la construcción de establecimientos azucarferos y luego, claro, la producción de azúcar, previa cosecha de caña.
Un héroe, Hileret.
Tanto o más que un tucumano que por ese tiempo andaba realizando una operación militar a unos cuantos miles de kilómetros al sur de Tucumán, tan exitosa como el emprendimiento comercial de Clodomiro.
Y si evoco al general tucumano que sería presidente a poco de concluir una campaña militar muy comentada, es por la razón de que muchas de las personas apresadas por el exitoso militar tucumano, serían mandadas forzosamente a trabajar a los ingenios azucareros de Clodomiro Hileret, detalle insustancial que, razonablemente, Vicente O. Cutolo omitió al resumir la trayectoria de nuestro personaje.
Una vez que se sacó de encima a su socio (sigue el relato de Cutolo) Hileret fundó el ingenio "Santa Ana", el más grande la provincia "verdadero hito en el engrandecimiento definitivo de la industria que en 1895 logró abastecer ya totalmente el consumo nacional del producto".
En 1902 el gobierno de la provincia de Tucumán a cargo del teniente coronel Lucas Córdoba promulgó una ley con la pretensión de poner un límite al poder de Hileret sancionada por la Legislatura provincial el 14 de junio de ese año. Preveía la imposición de un tributo por cada kilo de comercializado de azúcar por encima de una suma determinada como la máxima tolerable para derrumbar el precio de la mercadería.
Se punía así la posición dominante de la firma que tuviese un comportamiento monopólico en ese mercado a fin de compensar a los competidores afectados por la baja del precio de la azúcar en razón de la mayor oferta resultante de una elaboración por encima de los topes permitidos.
Por considerar que el caso era de competencia originaria de la Corte Suprema, los letrados patrocinantes de Hileret se presentaron ante ese Tribunal. Con fecha 5 de septiembre de 1903 los jueces de esa Corte resolvieron hacer lugar a la petición del dulce Clodomiro, declarando la inconstitucionalidad de la ley provincial por contradecir, entre otras normas, el articulo 14 de la Constitución Nacional en tanto garantiza los derechos a trabajar, comerciar y ejercer toda industria lícita.
En síntesis: mediante el fallo que comentaba, la Corte Suprema, por si alguna duda queda, consideró que era contraria la Constitución Nacional la intervención del Estado (en este caso, provincial) en el desenvolvimiento de determinado sector de la economía.
Decisión pronunciada en resguardo de los intereses de la industria azucarera, sector productivo que comenzaría a tener una particular relevancia a partir de esos años, incidiendo de manera decisiva en el devenir político-institucional de la joven República.
Robustiano Patrón Costas, gobernador de Salta entre 1910 y 1913, futuro presidente provisional del Senado durante buena parte de infame Década Infame y fallido candidato presidencial en 1943 de la Concordancia gobernante (se dijo que el golpe de Estado de 4 de junio de ese año fue una reacción a la candidatura que habría de proclamarse ese mismo día) era un empresario del azúcar que llegaría a ser mucho más poderoso aún que Hileret.
Hemos repasado en una entrada pasada, el poderío económico (y los crímenes de lesa humanidad perpetrados en consecuencia) de los directivos del ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy.
Quizás, querido diario, para que no olvide que me metí en todo esto, tras los pasos de la escritura de la novela Los Siete Locos de Roberto Arlt, cuyo protagonista Augusto Remo Erdosain trabajaba de cobrador en una empresa azucarera que decidió defraudar en seiscientos pesos con siete centavos, cuando dio inicio la tragedia que lo envolvería y que algún día retomaré.
Cuando termine de delinear (o así lo considere yo, querido diario) una caracterización del primer gobierno de la fuerza política que intentaría conducir el país cuando el entonces juvenil Arlt, elucubraba y escribía la novela que algún día volveré a comentar.
Entre los radicales suicidas omití el nombre de Domingo Salaberry, un dirigente que debería ser mucho menos ignoto, por una sencilla razón; es el único ministro de Economía de la historia argentina que acompañó durante todo el mandato completo a un presidente constitucional que a su vez, terminase su mandato.
Estuvo a cargo de esa cartera durante el primer mandato del presidente Yrigoyen.
Salaberry, decía que se suicidó en noviembre de 1923, a poco más de un año de dejar el gobierno. Su muerte, estuvo directamente relacionada con su función durante los seis años anteriores. Y, también, con el comercio de la azúcar.
Un historiador económico solido y decente, Pablo Gerchunoff en El eslabón perdido. La economía política de los gobiernos radicales (1916-1930) [Edhasa, Buenos Aires, 2016], dedica todo un capítulo a la política de redistribución del ingreso, considerada entonces como una novedad de la primera Presidencia de Yrigoyen, iniciada cuando se desarrolla en plenitud la guerra europea: "enfrentando una crítica situación social que poco más tarde se convertiría en protesta y sublevación. ¿Cuál fue la reacción ante este escenario? Seguramente la voluntad del presidente fue mitigar el sufrimiento de los sectores populares y la forma más directa de hacerlo requería recursos [...]. Pero el gobierno se enfrentó a severas restricciones debido al racionamiento financiero no sólo estuvo imposibilitado de realizar nuevos desembolsos sino que se vio forzado a reducir los existentes. ¿Fue entonces completamente pasivo ante ese escenario? La respuesta es negativa".
Entre las medidas llevadas adelante por el gobierno para paliar un incremento sostenido del costo de la vida durante los cuatro años del mandato de Yrigoyen, uno de ellos fue el proyecto de ley del 10 de agosto de 1920 enviado por el presidente al Congreso Nacional de expropiación de azúcar justificado en la: "constante preocupación del Poder Ejecutivo para evitar que el precio del azúcar se elevara más allá de los límites normales. Las medidas sucesivamente adoptadas con ese objeto son bien conocidas ya sin duda a ellas se debe que hasta ahora los precios no hayan alcanzado mayores exageraciones".
Se destacó a su vez que se había autorizado la exportación de un excedente de la azúcar producida, salvaguardando el abastecimiento interno, con la garantía de cumplir con el precio fijado por el gobierno en la suma de 41 centavos por kilo, no obstante lo cual: "el precio del azúcar se ha elevado de un breve tiempo a esta parte a un valor que no está en relación ni con el precio de costo ni con una situación de carestía por escasez de existencia. En presencia de este hecho y tratándose de un artículo indispensable para la alimentación, el gobierno entiende que los poderes públicos faltarían a sus deberes esenciales si permanecieran indiferentes. Ha llegado el momento [concluye el proyecto de ley] de adoptar una medida tan enérgica como eficaz y que concluya de una sola vez con lo que no vacilo en calificar de una verdadera expoliación sobre el sudor de todos los trabajadores haciendo aun más precaria la vida de sus hogares".
Luego de destacar que en el país existían acaparadores de azúcar que habían sustraído de la venta "para mantener altos los precios" del producto un valor que excedía el 30% de los costos de producción sin que "el productor de caña [haya] recibido un beneficio mayor", en la medida que no existía un mecanismo legal eficaz y nada había que "lo justifique ni ni aun siquiera lo haga tolerable", solicitando la expropiación de 200 mil toneladas de azúcar (en: Documentos de Hipólito Yrigoyen. Apostolado cívico. Obra de gobierno. Defensa ante la Corte. Ley 12.839", Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1949).
Félix Luna en la biografía consagrada a Yrigoyen, abunda acerca de la cuestión que refiere el mensaje del presidente al Congreso, asunto: "originariamente económico que derivó hacia el campo político hasta convertirse en uno de los temas que suscitaron más interés durante la presidencia de Yrigoyen. La industria azucarera argentina había gozado desde principios de siglo un tratamiento de protección gubernativa [y no sólo, anoto, al recordar el fallo de la Corte Suprema reseñado al inicio] que le había permitido tomar un gran incremento en Tucumán y Salta, creando fuentes de trabajo y enriqueciendo a ciertas familias que tardaron poco en devenir oligarquías gobernantes en esas provincias. El asunto era espinoso [aclara Falucho] porque la prosperidad de algunas regiones significaba un pesado tributo para toda la población del país: sin embargo, ello hubiera sido aceptable por un deber de solidaridad nacional, pero sucedió que en 1920 se planteó una maniobra especulativa para encarecer el producto".
Destaca además, que debatido el proyecto en las dos Cámaras, había sido aprobado por unanimidad en la de Diputados, encontrando oposición en el Senado, no obstante: "unos y otros maniobraron de tal guisa, que la crisis pareció por un momento inminente: se insinuó que el cuerpo sería disuelto por el Poder Ejecutivo y los diarios radicales -tal vez para presionar una decisión senatorial que posibilitara la expropiación- así lo dejaron entrever. Todos los recursos fueron usados por la reacción encastillada en el Senado. Al fin, olfateando la gravedad suma del momento, el Senado se limitó a modificar la sanción de la Cámara de Diputados, permitiendo así que ésta insistiera en su decisión anterior y de este modo quedara definitivamente aprobado el proyecto" (cit.: pp. 256/7).
David Rock en El radicalismo argentino realiza un desarrollo acerca de las alternativas de ese proyecto en el Senado, consignando la intervención de un conocido de los lectores de las cosas que se escriben en este bazar austero, el entonces senador (y futuro gobernador) de Jujuy, Benito Villanueva. Aquel, que había escrito el panfleto cuya edición costeó el erario jujeño, por el cual acusaba a los radicales de degenerados, tal el título del brulote.
Al debatir el proyecto de ley aprobado por Diputados cantó previsibles loas a la industria azucarera: "la única que tiene el norte, y los dueños de los ingenios dicen que si la ley de requisa se lleva a cabo deberán cerrar los ingenios. Quiero decir: desaparecerá el único medio de vida que tienen aquellas provincias. Pasará allí lo que los diarios han publicado sobre La Rioja, donde el 48% de los conscriptos fueron dados de baja por tuberculosis" (cit., p. 211).
Autorizada por el Congreso la expropiación llamada requisa por Villanueva, a exactos cien años de ese discurso, la industria azucarera subsiste en el norte. El método consabido de los lacayos del poder económico de todos los tiempos: golpear con la amenaza de quebrantos ante algún tibio avance del Estado en procura de una mejor distribución de la riqueza que, al poco tiempo, son desmentidos por el peso de los acontecimientos.
Sin embargo, la aprobación de ese proyecto fue una derrota dolorosa para los todopoderosos señores feudales del norte. Debían desquitarse con ese gobierno que les quitaba lo que era de ellos con fines electoralistas. Alguien debía pagar esa afrenta.
Ese alguien, fue el Ministro de Economía, Domingo Salaberry.
Todo comenzó, a través de la prensa. Del diario aquel de los chasquidos, del viento de fronda. Cuyo dueño era miembro de la oligarquía salteña, afectada (entre otras medidas) por la requisa de la azúcar, según la expresión de un empinado empleado de esos poderosos, Benito Villafañe.
Según Pancho Uriburu el proyecto de ley que he reseñado: "encerraba aspectos delictuosos que implicaban a 'un ministro de mala fama' eje principal de negocios ilícitos y clandestinos". Se acusaba a Salaberry, tal el "ministro de mala fama" era acusado de haber otorgado "a los amigos, compinches y favoritos del gobierno nacional", los permisos especiales de exportación de azúcar (ver: María Inés Tato, Vientos de Fronda, Siglo XXI editores, Buenos Aires, 2004, p. 114)
Las denuncias de Uriburu (empinado miembro de la "Liga Patriótica Argentina", antisemita, reaccionario impenitente) tuvieron eco en... los socialistas, siempre listos para avanzar en tales compañías contra los gobiernos populares, en este caso el de Yrigoyen, promoviendo el juicio político de Salaberry ausándolo de: "enriquecimiento mediante la especulación con hipotecas en oro durante el cierre de la Caja de Conversión; de vinculación con la explotación petrolífera de Comodoro Rivadavia; de evasión de derechos aduaneros; de la adquisición de propiedades a cambio de la concesión de permisos de exportación de azúcar; de ser propietario de la compañía de navegación que monopolizó los servicios fluviales durante el desarrollo de la huelga marítima en la que él mismo había actuado como mediador; del recurso a testaferros; de ser propietario de La Época, diario ampliamente beneficiado por los avisos oficiales del ministerio".
Todo ello, con eco en "La Fronda": "que daba por probadas todas y cada una de las acusaciones de acuerdo con lo obrado por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, a partir de la constatación de maniobras tortuosas en el manejo de los fondos públicos coincidentes con el aumento considerable de la fortuna personal del señor Salaberry y el extraordinario empuje de la firma social Salaberry y Bercetche [todo ello] con el total beneplácito del señor Irigoyen", cuyos bienes personales serían administrados por la firma de la cual era socio principal su ministro de Economía (ídem).
Día tras día. el diario de Pancho Uriburu dedicaba una nota contra Salaberry, incluso más allá del 28 de abril de 1921, cuando por una diferencia de tres votos, la Cámara de Diputados desestimó el juicio político al ministro, acto que había merecido toda la atención de la prensa de entonces (como es natural) número especial de "Caras y Caretas" consagrado al evento político.
Al día siguiente "La Fronda" anticipó que no desistiría su campaña contra el ministro en una nota titulada: "Abajo los ladrones públicos", en alusión a uno de los eslóganes de la campaña electoral que había llevado a Yrigoyen a la Presidencia.
Curiosamente, a los pocos días "un ciudadano común se presentó ante la justicia para acusar a la firma de Salaberry de los cargos de 'contrabando, defraudación al fisco e introducción clandestina de mercaderías con falsa declaración de que eran de tránsito", motivando la renuncia de trece de los dieciocho miembros de la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados (entre ellos seis radicales) en disconformidad con la permanencia de Salaberry al frente del Ministerio, hecho calificado por el pasquín de Uriburu como un "caso de cinismo extraordinario", entiendo que del ministro y no de quienes estaban urdiendo una campaña tan groseramente obvia que haría escuela y dejaría oír sus ecos un siglo más tarde.
Mediante la nota publicada el 6 de mayo de 1921 bajo el título "Sépalo de una vez", pancho Uriburu le recordaba a Salaberry que el final del gobierno de Yrigoyen no marcaría el de la campaña de su diario. "le publicaremos un permanente de los cargos comprobados que le hicieran los diputados investigadores y que ratificaron veintiún legisladores de su propio partido".
Esa constante, según refiere María Inés Tato cesaría con el suicido de Salaberry: "episodio que generó una respuesta violenta del radicalismo, que exaltó la inocencia del ex ministro y atacó duramente a sus detractores. Ante esta arremetida, La Fronda volvió a confirmar su postura y sugirió la posibilidad de que la decisión del ex ministro hubiera estado motivada en su decepción ante la deslealtad de Yrigoyen, a quien responsabilizó del incidente. Es todo caso, decidió no pronunciarse acerca de las causas del hecho ni evaluar 'si el cruento episodio fue una rehabilitación o fue la última prueba'" (Tato, cit. p. 117).
Qué asco me ha dado escribir esta entrada querido diario y, quizás en un ejercicio de masoquismo cierre con una cita de un lejano (y fugaz) sucesor de Salaberry, actual senador por al Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tardío descubridor de su esencia radical, por que aquello de que nunca es tarde cuando la dicha llega.
Martín Lousteau.
Hombre de coraje
No lo digo por su paso de pocas semanas al frente del Ministerio de Economía durante la primera Presidencia de Cristina Fernández; tampoco por su gesta al frente de la Embajada argentina en Washington cuando el gobierno de Mauricio Macri decidió pagar cash y sin chistar las sumas (y alguito más) exigidas por los holdouts que habían litigado en las oficinas de un geronte amorfo y decrépito de apellido Griesa, fallecido en Navidad, ni por sus intrepideces y saltinbanquiadas electorales.
Lo digo por la foto de arriba que es la portada del libro Debajo del agua, que no leí ni leeré, pero gracias a Google books di con un párrafo en el cual aludía al suicidio de Salaberry, parafraseando un texto de Gerchunoff: "Roca tomó créditos subsidiados al Banco Nación para comprarse estancias. Que el único ministro de Economía de la primera presidencia de Yrigoyen, Domingo Salaberry, se suicidó al año siguiente de dejar el gobierno, acusado duramente por el Partido Socialista, por el Partido Socialista Independiente y por los conservadores de venderles subsidios a sectores industriales. Y también menciona las acusaciones de corrupción a Juan Duarte, durante el gobierno de Perón, quien organizaba las exposiciones de los vestidos de Eva Perón".
En fin.
Fiel a su estilo, el embajador Lousteau no cita la fuente del imperecedero párrafo que acabo de transcribir. Me cuesta imaginar que Pablo Gerchunoff, a quien como anotaba antes estimo en especial debido a su solidez, haya concebido esa retahíla de imbecilidades.
Y de horrores historiográficos que merecerían un bochazo en un examen de historia argentina del colegio secundario: el Partido Socialista Independiente no existía en 1923 (cuando se suicidó Salaberry), recién se crearía como escisión del partido de Justo en 1927.
Qué más da. Lo que importa es desnudar a los corruptos de ayer, de hoy y de siempre, como se llamaba "Grandes valores del tango", cuando el imbécil que redacta este diario era un niño.
Esa es la única distinción que vale. La que sentencian los medios y demarcan prohombres de la talla del embajador Lousteau.
Otras, son antiguallas ideologizantes. Las que persiguen distinguir a patriotas de cipayos; a dignos, de lacayos.
Estén o no disfrazados como los negritos de Sáenz Peña o posen para la portada de un libro con alguna antiparra canchera.
Al año siguiente, Hileret decidió radicarse en la ciudad de Lules de esa provincia y convertirse en su propio jefe, en sociedad con Juan Dermit. Instalaron una curtiembre, aunque en 1879 decidieron acompañar el pujante negocio de la producción de azúcar, erigiendo el "Ingenio Lules".
Vicente O. Cutolo en su difundido Diccionario Biográfico Argentino, anota que para el desarrollo del proyecto tuvo que: "desmontar el bosque que cubría esos parajes y, con maquinaria y estructura totalmente nueva, instalaron el complejo industrial más moderno de Tucumán".
Admirable lo del francés a quien no le había fallado la intuición al cambiar los durmientes por la caña de azúcar. Cuánta aptitud, debe decirse, tenía para el manejo de la maquinaria moderna, el desmonte de bosques, la construcción de establecimientos azucarferos y luego, claro, la producción de azúcar, previa cosecha de caña.
Un héroe, Hileret.
Tanto o más que un tucumano que por ese tiempo andaba realizando una operación militar a unos cuantos miles de kilómetros al sur de Tucumán, tan exitosa como el emprendimiento comercial de Clodomiro.
Y si evoco al general tucumano que sería presidente a poco de concluir una campaña militar muy comentada, es por la razón de que muchas de las personas apresadas por el exitoso militar tucumano, serían mandadas forzosamente a trabajar a los ingenios azucareros de Clodomiro Hileret, detalle insustancial que, razonablemente, Vicente O. Cutolo omitió al resumir la trayectoria de nuestro personaje.
Una vez que se sacó de encima a su socio (sigue el relato de Cutolo) Hileret fundó el ingenio "Santa Ana", el más grande la provincia "verdadero hito en el engrandecimiento definitivo de la industria que en 1895 logró abastecer ya totalmente el consumo nacional del producto".
En 1902 el gobierno de la provincia de Tucumán a cargo del teniente coronel Lucas Córdoba promulgó una ley con la pretensión de poner un límite al poder de Hileret sancionada por la Legislatura provincial el 14 de junio de ese año. Preveía la imposición de un tributo por cada kilo de comercializado de azúcar por encima de una suma determinada como la máxima tolerable para derrumbar el precio de la mercadería.
Se punía así la posición dominante de la firma que tuviese un comportamiento monopólico en ese mercado a fin de compensar a los competidores afectados por la baja del precio de la azúcar en razón de la mayor oferta resultante de una elaboración por encima de los topes permitidos.
Por considerar que el caso era de competencia originaria de la Corte Suprema, los letrados patrocinantes de Hileret se presentaron ante ese Tribunal. Con fecha 5 de septiembre de 1903 los jueces de esa Corte resolvieron hacer lugar a la petición del dulce Clodomiro, declarando la inconstitucionalidad de la ley provincial por contradecir, entre otras normas, el articulo 14 de la Constitución Nacional en tanto garantiza los derechos a trabajar, comerciar y ejercer toda industria lícita.
En síntesis: mediante el fallo que comentaba, la Corte Suprema, por si alguna duda queda, consideró que era contraria la Constitución Nacional la intervención del Estado (en este caso, provincial) en el desenvolvimiento de determinado sector de la economía.
Decisión pronunciada en resguardo de los intereses de la industria azucarera, sector productivo que comenzaría a tener una particular relevancia a partir de esos años, incidiendo de manera decisiva en el devenir político-institucional de la joven República.
Hemos repasado en una entrada pasada, el poderío económico (y los crímenes de lesa humanidad perpetrados en consecuencia) de los directivos del ingenio Ledesma en la provincia de Jujuy.
Quizás, querido diario, para que no olvide que me metí en todo esto, tras los pasos de la escritura de la novela Los Siete Locos de Roberto Arlt, cuyo protagonista Augusto Remo Erdosain trabajaba de cobrador en una empresa azucarera que decidió defraudar en seiscientos pesos con siete centavos, cuando dio inicio la tragedia que lo envolvería y que algún día retomaré.
Cuando termine de delinear (o así lo considere yo, querido diario) una caracterización del primer gobierno de la fuerza política que intentaría conducir el país cuando el entonces juvenil Arlt, elucubraba y escribía la novela que algún día volveré a comentar.
Hace unos días nos acordábamos de Lugones y de sus ensoñaciones perdidas en el limbo de su alma atormentada. Cuya existencia terminaría como finalizó, en el suicido. El mismo final de otros escritores, Horacio Quiroga, unos años antes y Alfonsina Storni, unos pocos meses después.
La política de ese tiempo también dio suicidas célebres, todos radicales: Leandro Alem, a fines del siglo XIX, Lisandro de la Torre (que había sido radical por un ratito), en enero de 1939. Al año siguiente, se pegaría un tiro el diputado Víctor Guillot.
No debemos alarmarnos, querido diario. No es el suicidio una costumbre de esta época: tenemos Suárez Lastra para rato.
No debemos alarmarnos, querido diario. No es el suicidio una costumbre de esta época: tenemos Suárez Lastra para rato.
Estuvo a cargo de esa cartera durante el primer mandato del presidente Yrigoyen.
Salaberry, decía que se suicidó en noviembre de 1923, a poco más de un año de dejar el gobierno. Su muerte, estuvo directamente relacionada con su función durante los seis años anteriores. Y, también, con el comercio de la azúcar.
Un historiador económico solido y decente, Pablo Gerchunoff en El eslabón perdido. La economía política de los gobiernos radicales (1916-1930) [Edhasa, Buenos Aires, 2016], dedica todo un capítulo a la política de redistribución del ingreso, considerada entonces como una novedad de la primera Presidencia de Yrigoyen, iniciada cuando se desarrolla en plenitud la guerra europea: "enfrentando una crítica situación social que poco más tarde se convertiría en protesta y sublevación. ¿Cuál fue la reacción ante este escenario? Seguramente la voluntad del presidente fue mitigar el sufrimiento de los sectores populares y la forma más directa de hacerlo requería recursos [...]. Pero el gobierno se enfrentó a severas restricciones debido al racionamiento financiero no sólo estuvo imposibilitado de realizar nuevos desembolsos sino que se vio forzado a reducir los existentes. ¿Fue entonces completamente pasivo ante ese escenario? La respuesta es negativa".
Entre las medidas llevadas adelante por el gobierno para paliar un incremento sostenido del costo de la vida durante los cuatro años del mandato de Yrigoyen, uno de ellos fue el proyecto de ley del 10 de agosto de 1920 enviado por el presidente al Congreso Nacional de expropiación de azúcar justificado en la: "constante preocupación del Poder Ejecutivo para evitar que el precio del azúcar se elevara más allá de los límites normales. Las medidas sucesivamente adoptadas con ese objeto son bien conocidas ya sin duda a ellas se debe que hasta ahora los precios no hayan alcanzado mayores exageraciones".
Se destacó a su vez que se había autorizado la exportación de un excedente de la azúcar producida, salvaguardando el abastecimiento interno, con la garantía de cumplir con el precio fijado por el gobierno en la suma de 41 centavos por kilo, no obstante lo cual: "el precio del azúcar se ha elevado de un breve tiempo a esta parte a un valor que no está en relación ni con el precio de costo ni con una situación de carestía por escasez de existencia. En presencia de este hecho y tratándose de un artículo indispensable para la alimentación, el gobierno entiende que los poderes públicos faltarían a sus deberes esenciales si permanecieran indiferentes. Ha llegado el momento [concluye el proyecto de ley] de adoptar una medida tan enérgica como eficaz y que concluya de una sola vez con lo que no vacilo en calificar de una verdadera expoliación sobre el sudor de todos los trabajadores haciendo aun más precaria la vida de sus hogares".
Luego de destacar que en el país existían acaparadores de azúcar que habían sustraído de la venta "para mantener altos los precios" del producto un valor que excedía el 30% de los costos de producción sin que "el productor de caña [haya] recibido un beneficio mayor", en la medida que no existía un mecanismo legal eficaz y nada había que "lo justifique ni ni aun siquiera lo haga tolerable", solicitando la expropiación de 200 mil toneladas de azúcar (en: Documentos de Hipólito Yrigoyen. Apostolado cívico. Obra de gobierno. Defensa ante la Corte. Ley 12.839", Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1949).
Félix Luna en la biografía consagrada a Yrigoyen, abunda acerca de la cuestión que refiere el mensaje del presidente al Congreso, asunto: "originariamente económico que derivó hacia el campo político hasta convertirse en uno de los temas que suscitaron más interés durante la presidencia de Yrigoyen. La industria azucarera argentina había gozado desde principios de siglo un tratamiento de protección gubernativa [y no sólo, anoto, al recordar el fallo de la Corte Suprema reseñado al inicio] que le había permitido tomar un gran incremento en Tucumán y Salta, creando fuentes de trabajo y enriqueciendo a ciertas familias que tardaron poco en devenir oligarquías gobernantes en esas provincias. El asunto era espinoso [aclara Falucho] porque la prosperidad de algunas regiones significaba un pesado tributo para toda la población del país: sin embargo, ello hubiera sido aceptable por un deber de solidaridad nacional, pero sucedió que en 1920 se planteó una maniobra especulativa para encarecer el producto".
Destaca además, que debatido el proyecto en las dos Cámaras, había sido aprobado por unanimidad en la de Diputados, encontrando oposición en el Senado, no obstante: "unos y otros maniobraron de tal guisa, que la crisis pareció por un momento inminente: se insinuó que el cuerpo sería disuelto por el Poder Ejecutivo y los diarios radicales -tal vez para presionar una decisión senatorial que posibilitara la expropiación- así lo dejaron entrever. Todos los recursos fueron usados por la reacción encastillada en el Senado. Al fin, olfateando la gravedad suma del momento, el Senado se limitó a modificar la sanción de la Cámara de Diputados, permitiendo así que ésta insistiera en su decisión anterior y de este modo quedara definitivamente aprobado el proyecto" (cit.: pp. 256/7).
David Rock en El radicalismo argentino realiza un desarrollo acerca de las alternativas de ese proyecto en el Senado, consignando la intervención de un conocido de los lectores de las cosas que se escriben en este bazar austero, el entonces senador (y futuro gobernador) de Jujuy, Benito Villanueva. Aquel, que había escrito el panfleto cuya edición costeó el erario jujeño, por el cual acusaba a los radicales de degenerados, tal el título del brulote.
Al debatir el proyecto de ley aprobado por Diputados cantó previsibles loas a la industria azucarera: "la única que tiene el norte, y los dueños de los ingenios dicen que si la ley de requisa se lleva a cabo deberán cerrar los ingenios. Quiero decir: desaparecerá el único medio de vida que tienen aquellas provincias. Pasará allí lo que los diarios han publicado sobre La Rioja, donde el 48% de los conscriptos fueron dados de baja por tuberculosis" (cit., p. 211).
Autorizada por el Congreso la expropiación llamada requisa por Villanueva, a exactos cien años de ese discurso, la industria azucarera subsiste en el norte. El método consabido de los lacayos del poder económico de todos los tiempos: golpear con la amenaza de quebrantos ante algún tibio avance del Estado en procura de una mejor distribución de la riqueza que, al poco tiempo, son desmentidos por el peso de los acontecimientos.
Sin embargo, la aprobación de ese proyecto fue una derrota dolorosa para los todopoderosos señores feudales del norte. Debían desquitarse con ese gobierno que les quitaba lo que era de ellos con fines electoralistas. Alguien debía pagar esa afrenta.
Ese alguien, fue el Ministro de Economía, Domingo Salaberry.
Todo comenzó, a través de la prensa. Del diario aquel de los chasquidos, del viento de fronda. Cuyo dueño era miembro de la oligarquía salteña, afectada (entre otras medidas) por la requisa de la azúcar, según la expresión de un empinado empleado de esos poderosos, Benito Villafañe.
Según Pancho Uriburu el proyecto de ley que he reseñado: "encerraba aspectos delictuosos que implicaban a 'un ministro de mala fama' eje principal de negocios ilícitos y clandestinos". Se acusaba a Salaberry, tal el "ministro de mala fama" era acusado de haber otorgado "a los amigos, compinches y favoritos del gobierno nacional", los permisos especiales de exportación de azúcar (ver: María Inés Tato, Vientos de Fronda, Siglo XXI editores, Buenos Aires, 2004, p. 114)
Las denuncias de Uriburu (empinado miembro de la "Liga Patriótica Argentina", antisemita, reaccionario impenitente) tuvieron eco en... los socialistas, siempre listos para avanzar en tales compañías contra los gobiernos populares, en este caso el de Yrigoyen, promoviendo el juicio político de Salaberry ausándolo de: "enriquecimiento mediante la especulación con hipotecas en oro durante el cierre de la Caja de Conversión; de vinculación con la explotación petrolífera de Comodoro Rivadavia; de evasión de derechos aduaneros; de la adquisición de propiedades a cambio de la concesión de permisos de exportación de azúcar; de ser propietario de la compañía de navegación que monopolizó los servicios fluviales durante el desarrollo de la huelga marítima en la que él mismo había actuado como mediador; del recurso a testaferros; de ser propietario de La Época, diario ampliamente beneficiado por los avisos oficiales del ministerio".
Todo ello, con eco en "La Fronda": "que daba por probadas todas y cada una de las acusaciones de acuerdo con lo obrado por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, a partir de la constatación de maniobras tortuosas en el manejo de los fondos públicos coincidentes con el aumento considerable de la fortuna personal del señor Salaberry y el extraordinario empuje de la firma social Salaberry y Bercetche [todo ello] con el total beneplácito del señor Irigoyen", cuyos bienes personales serían administrados por la firma de la cual era socio principal su ministro de Economía (ídem).
Día tras día. el diario de Pancho Uriburu dedicaba una nota contra Salaberry, incluso más allá del 28 de abril de 1921, cuando por una diferencia de tres votos, la Cámara de Diputados desestimó el juicio político al ministro, acto que había merecido toda la atención de la prensa de entonces (como es natural) número especial de "Caras y Caretas" consagrado al evento político.
Al día siguiente "La Fronda" anticipó que no desistiría su campaña contra el ministro en una nota titulada: "Abajo los ladrones públicos", en alusión a uno de los eslóganes de la campaña electoral que había llevado a Yrigoyen a la Presidencia.
Curiosamente, a los pocos días "un ciudadano común se presentó ante la justicia para acusar a la firma de Salaberry de los cargos de 'contrabando, defraudación al fisco e introducción clandestina de mercaderías con falsa declaración de que eran de tránsito", motivando la renuncia de trece de los dieciocho miembros de la comisión de presupuesto de la Cámara de Diputados (entre ellos seis radicales) en disconformidad con la permanencia de Salaberry al frente del Ministerio, hecho calificado por el pasquín de Uriburu como un "caso de cinismo extraordinario", entiendo que del ministro y no de quienes estaban urdiendo una campaña tan groseramente obvia que haría escuela y dejaría oír sus ecos un siglo más tarde.
Mediante la nota publicada el 6 de mayo de 1921 bajo el título "Sépalo de una vez", pancho Uriburu le recordaba a Salaberry que el final del gobierno de Yrigoyen no marcaría el de la campaña de su diario. "le publicaremos un permanente de los cargos comprobados que le hicieran los diputados investigadores y que ratificaron veintiún legisladores de su propio partido".
Esa constante, según refiere María Inés Tato cesaría con el suicido de Salaberry: "episodio que generó una respuesta violenta del radicalismo, que exaltó la inocencia del ex ministro y atacó duramente a sus detractores. Ante esta arremetida, La Fronda volvió a confirmar su postura y sugirió la posibilidad de que la decisión del ex ministro hubiera estado motivada en su decepción ante la deslealtad de Yrigoyen, a quien responsabilizó del incidente. Es todo caso, decidió no pronunciarse acerca de las causas del hecho ni evaluar 'si el cruento episodio fue una rehabilitación o fue la última prueba'" (Tato, cit. p. 117).
Qué asco me ha dado escribir esta entrada querido diario y, quizás en un ejercicio de masoquismo cierre con una cita de un lejano (y fugaz) sucesor de Salaberry, actual senador por al Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tardío descubridor de su esencia radical, por que aquello de que nunca es tarde cuando la dicha llega.
Martín Lousteau.
Hombre de coraje
No lo digo por su paso de pocas semanas al frente del Ministerio de Economía durante la primera Presidencia de Cristina Fernández; tampoco por su gesta al frente de la Embajada argentina en Washington cuando el gobierno de Mauricio Macri decidió pagar cash y sin chistar las sumas (y alguito más) exigidas por los holdouts que habían litigado en las oficinas de un geronte amorfo y decrépito de apellido Griesa, fallecido en Navidad, ni por sus intrepideces y saltinbanquiadas electorales.
Lo digo por la foto de arriba que es la portada del libro Debajo del agua, que no leí ni leeré, pero gracias a Google books di con un párrafo en el cual aludía al suicidio de Salaberry, parafraseando un texto de Gerchunoff: "Roca tomó créditos subsidiados al Banco Nación para comprarse estancias. Que el único ministro de Economía de la primera presidencia de Yrigoyen, Domingo Salaberry, se suicidó al año siguiente de dejar el gobierno, acusado duramente por el Partido Socialista, por el Partido Socialista Independiente y por los conservadores de venderles subsidios a sectores industriales. Y también menciona las acusaciones de corrupción a Juan Duarte, durante el gobierno de Perón, quien organizaba las exposiciones de los vestidos de Eva Perón".
En fin.
Fiel a su estilo, el embajador Lousteau no cita la fuente del imperecedero párrafo que acabo de transcribir. Me cuesta imaginar que Pablo Gerchunoff, a quien como anotaba antes estimo en especial debido a su solidez, haya concebido esa retahíla de imbecilidades.
Y de horrores historiográficos que merecerían un bochazo en un examen de historia argentina del colegio secundario: el Partido Socialista Independiente no existía en 1923 (cuando se suicidó Salaberry), recién se crearía como escisión del partido de Justo en 1927.
Qué más da. Lo que importa es desnudar a los corruptos de ayer, de hoy y de siempre, como se llamaba "Grandes valores del tango", cuando el imbécil que redacta este diario era un niño.
Esa es la única distinción que vale. La que sentencian los medios y demarcan prohombres de la talla del embajador Lousteau.
Otras, son antiguallas ideologizantes. Las que persiguen distinguir a patriotas de cipayos; a dignos, de lacayos.
Estén o no disfrazados como los negritos de Sáenz Peña o posen para la portada de un libro con alguna antiparra canchera.
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